El 18 de noviembre del 2016, recién aterrizado de un vuelo de la compañía Emirates a media tarde en Manila, oí –casualidades de la vida– a través de la radio del taxi que me conducía al hotel que hablaban del entierro del presidente Ferdinand Marcos en el Panteón de los Héroes Nacionales.
Ya instalado en el apartotel habitual pude ver en la televisión las imágenes que resumían aquella jornada. Tres helicópteros del ejército habían trasladado a primeras horas del día el féretro embalsamado de Marcos, desde el panteón donde se exhibía desde hacía años en Batac (Ilocos Norte) hasta Manila. Mostraban a continuación secuencias de una formación castrense en uniforme de gala que rendía honores al féretro, cubierto con la bandera nacional y desplazado en un carruaje engalanado, antes de ser enterrado en un cementerio cerrado a cal y canto. Todo había sido grabado por encargo de la propia familia, presente al completo, con la viuda, Imelda Marcos, en una silla de ruedas; su hijo, Ferdinand Bongbong Marcos; sus hijas, Imee Marcos, gobernadora de Ilocos Norte; Irene y otros miembros de la familia. “Mi padre merece estar enterrado aquí y esto es un acto privado”, dijo Bongbong, en presencia de representantes del alto mando militar filipino.
Duterte ya era problemático desde su juventud. Fue expulsado del Ateneo, con los jesuitas, por sus altercados. Al final logró el título de abogado y luego pasó a la política hasta ser alcalde, su trampolín a la presidencia
El presidente Rodrigo Rody Duterte se encontraba fuera del país, en Lima (Perú), participando en la Cumbre de la Asociación Económica Asia-Pacífico (Asean). “Se ha cumplido la decisión del Tribunal Supremo”, se limitó a comentar, en alusión al voto de nueve jueces contra cinco a favor de que Marcos recibiera sepultura en el camposanto del Libingan ng mga Bayani, reservado a los héroes filipinos, por su pasado de héroe militar.
Paralelamente se había producido una concentración espontánea, convocada a través de las redes sociales, de decenas de manifestantes que protestaban junto al memorial de la revuelta del People Power. Miles de personas, la mayoría jóvenes, blandían pancartas denunciando que Marcos no fue un héroe, sino un dictador. Las protestas se extendieron a las principales ciudades del país.
“Estoy aquí porque conozco la historia. Mi madre fue detenida durante la ley marcial, Marcos fue un dictador y no merece estos honores”, me dijo, al día siguiente del funeral, Katrina Gómez, una joven médico de 27 años que, junto con otros compañeros, mostraba la pancarta “Marcos not a hero” en una de las manifestaciones.
Algunos coches hacían sonar sus cláxones al pasar por la avenida. La generación millennial había sido la promotora de las movilizaciones. Sin embargo, con el paso de los días, la intensidad de las protestas callejeras fue decayendo.
“No podemos considerar un héroe al hombre que causó el encarcelamiento, la tortura y la muerte de quienes lucharon por la justicia, la libertad y la democracia”, declaró la senadora Risa Hontiveros, recordando los oscuros tiempos de la dictadura de Marcos, que sumó unos 3.000 muertos. (...)
Días después viajé de nuevo a Dávao –con motivo de la reunión de la VIII Tribuna España-Filipinas– y aproveché para investigar un poco sobre la personalidad de Rody Duterte, que fue alcalde de la población durante 22 años. Desde ese puesto forjó su meteórica y espectacular carrera a la presidencia de Filipinas. Una de las promesas de su campaña electoral había sido el entierro de Marcos en el Panteón, y otra, la lucha a muerte contra la droga. Ganó las elecciones el 9 de mayo del 2016, con 16,6 millones de votos, el 39%, superando en más de seis millones a su directo rival, el liberal Manuel Mar Roxas II.
El padre de Duterte fue gobernador de Dávao antes de pasar a ser miembro del gabinete del presidente Marcos. De ahí su estrecha relación con el clan Marcos –me dijo un veterano activista social davaoense que prefiere el anonimato por temor a eventuales represalias–. Rody Duterte ya era problemático desde su juventud. Fue expulsado del Ateneo, con los jesuitas, por sus repetidos altercados. Al final logró el título de abogado. Luego pasó a la vida política, hasta llegar a ser elegido alcalde de Dávao –continuó mi informante, con el que tomaba un café en un restaurante, frente al People Park, en el centro de la ciudad–.
En aquellos tiempos, Duterte ya era apodado en Dávao el Justiciero, por unos, o el Matarife, por otros, por una característica que iba a trasladar luego a la presidencia del país: en lo que se refería a los verdaderos o supuestos traficantes de droga, disparaba primero y preguntaba después, sin contemplaciones. En medio año en la presidencia de Filipinas, la policía, pero sobre todo los vigilantes, han matado a unas 7.000 personas por supuesto tráfico de drogas, un promedio de 1.000 al mes. Policía y vigilantes recibían entre 20.000 y un millón de pesos (entre 400 y 20.000 euros) según el nivel o cargo del asesinado.
En ese clima de vendetta, de poco servía que 800.000 filipinos pidieran tratamiento de rehabilitación para dejar el consumo de shabu, una metanfetamina cristalina conocida como la droga de los pobres, muy extendida en Filipinas y otros países del Sudeste Asiático.
–Siempre ha tenido el estilo de un cowboy, y le funciona. Aquí la gente, en general, lo adora –me aseguró Lovely Carillo, periodista del Daily Mirror que siguió de cerca para su periódico los años de Duterte como alcalde y también cubre las muy frecuentes visitas del presidente a Dávao. (...).
Las críticas a las medidas aplicadas por Rody Duterte contra el narcotráfico procedían tanto deel interior como del exterior. En Filipinas, los grupos de defensa de los derechos humanos, así como, más tímidamente, la Iglesia católica, denunciaban la ilegalidad de los escuadrones de la muerte. “Son unos hipócritas y unos corruptos”, replicaba Duterte con relación a la Iglesia. “Disfrutan de sus palacios mientras sus seguidores viven como vagabundos. ¿Y ahora hablan de santidad? ¡Mírense al espejo!”. Duterte acusó también a la Iglesia católica de estar “llena de mierda”.
La propia vicepresidenta, María Leonor Leni Robredo, del Partido Liberal Democrático, criticó las “políticas destructivas” del presidente antes de dimitir de sus funciones en el Gobierno, aunque no de su cargo.
La vicepresidencia tiene una importancia vital en Filipinas, pues en caso de destitución o fallecimiento del presidente pasa a ocupar el cargo. En marzo del 2017, a Robredo le acusaban de minar la imagen del presidente, por las denuncias ante un foro contra las drogas de las Naciones Unidas, en Viena, sobre las violaciones de Derechos Humanos en Filipinas y de conspirar para promover un impeachment –acusación y destitución vía Parlamento– de Duterte.
Y, en el plano internacional, Duterte no dudaba una y otra vez en calificar de “hijos de puta”, e “hipócritas” al presidente de EE.UU., Barack Obama, a los delegados de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU o las instituciones de la Unión Europea, cuando alguno de ellos denunciaba sus abusos de poder. Aunque hay que decir que los partidarios de Duterte explican que a la hora de calificar con exabruptos a personajes o instituciones que no son de su devoción él utiliza la palabra tagala putangina, menos tajante que la traducción utilizada por parte de los medios de comunicación. (...)
Pacificar el país, negociando con la ya debilitada guerrilla comunista o con la más potente separatista mora, en Mindanao y otras islas del sur, va a ser prioritario para la presidencia Duterte. En economía, las previsiones continúan dando una proyección de subida anual entre el 6% y el 8 % del PIB en los próximos años. “Nuestro objetivo es reducir la pobreza del 26% actual de la población hasta el 14% y alcanzar, en el 2022, una renta per cápita que ronde los 4.000 dólares”, declaró Carlos Domínguez, el ministro de Economía, que participó en Dávao en la Tribuna España-Filipinas.
Era evidente que, con sus luces y sus sombras, el presidente Duterte había dado un giro total a la escena política filipina. También en cuanto a las relaciones exteriores dio la vuelta como un calcetín a la tensa situación geopolítica en la zona. Decía adiós a la tradicional relación bilateral con Estados Unidos para entregarse completamente al poderoso vecino de la República Popular de China. (...) Pero también se acercaba a Vladímir Putin y, en los primeros días del 2017, dos navíos de guerra de la flota rusa en el Pacífico anclaban en el puerto de Manila en una inusual visita.
El polémico Duterte, que contaba con un índice de popularidad que rondaba el 80%, prometía volver a implantar la pena de muerte, advertía no temer ser asesinado o los supuestos complots de la CIA, decía no tener ninguna intención de doblegarse a las eventuales iniciativas parlamentarias orientadas a destituirlo –sobre todo, tras haber reconocido que había participado en media docenas de asesinatos contra criminales durante sus rondas nocturnas en los tiempos de la alcaldía de Dávao–. Otro factor destacable eran los rumores sobre su estado de salud. “El presidente sufre migraña permanente (…) reconoce tomar regularmente Fentanyl, un opiáceo sintético usado en tratamientos cancerígenos”, escribió el respetado columnista Francisco L. Tatad en el The Manila Times. “Sufre desórdenes de personalidad narcisista con actitudes agresivas”, decía en el mismo artículo, aludiendo a un informe psiquiátrico de sus tiempos de alcalde de Dávao. Tatad argumentaba que, ante tales problemas, quizás el Parlamento podía plantearse en el futuro la incapacitación del volcánico presidente Duterte, un hombre un tanto mesiánico que decía creer “en Dios, pero no en la religión”. Aunque no excluía formar una secta entre sus seguidores, Iglesia Ni Duterte, al estilo de la poderosa Iglesia Ni Cristo, fundada a principios del siglo xx, con millones de fieles en toda Filipinas.
Casi en vísperas de cumplir su primer año de triunfo electoral, el polémico mandatario no parecía aflojar en sus políticas. Ordenó un parón provisional en la cruel persecución contra pequeños traficantes de droga que ha colocado a Filipinas entre los cinco primeros países del mundo en violación de derechos humanos según las Naciones Unidas. Pero para entonces ya había encarcelado a la exsecretaria de Justicia Leila de Lima, azote de su campaña contra los pequeños traficantes, por supuestamente haber recibido sobornos de narcotraficantes. Había impulsado también propuestas legislativas para implantar de nuevo la pena capital. Había aumentado la presión judicial contra supuestas corruptelas de la anterior administración y no descartaba llegar hasta el expresidente Benigno Noynoy Aquino III. Continuaba enfrentado a la Iglesia católica –totalmente opuesta, entre otros, a la restauración de la pena de muerte ya aprobada en la Cámara de Representantes–, a la que acusaba de “hipócrita” y “corrupta”. Y no descartaba, en caso necesario, una aplicación de la ley marcial, de tan triste recuerdo durante la dictadura de Marcos. Todo ello, sin temor a los anuncios de eventuales protestas masivas de los manifestantes que amenazaban con resucitar el People Power, los yellows, así llamados por el color amarillo característico de este movimiento
MABUHAYBienvenidos a FilipinasRamon Vilaró
Ediciones Península