El mundo de todos esos juristas de lo confuso termina por ser arcano
e inaccesible
El escándalo provocado por la sentencia del caso de La Manada me lleva a reflexionar sobre el uso del lenguaje que se hace en el ámbito jurídico y legislativo y, de paso, en el administrativo. Hemos visto cómo una sentencia puede describir lo que todos consideramos una violación y, al mismo tiempo, afirmar que esos hechos no son una violación. Por cierto: la palabra violación, tan clara, tan concreta, ni siquiera existe en el Código Penal.
El mundo de todos esos juristas de lo confuso termina por ser arcano e inaccesible
Cuando alguien que no ha estudiado Derecho lee una ley, un auto, una demanda, una sentencia, una norma administrativa o, simplemente, un papel para solicitar algo en su Ayuntamiento o comunidad, a menudo se queda perplejo. ¿Quién demonios escribe de esa manera...? Yo misma, que me gano la vida con las palabras, no siempre consigo saber qué quiere decir todo ese fárrago de términos confusos y frases retorcidas. Hay en todo eso demasiados eufemismos y arcaísmos inútiles y, sobre todo, una sintaxis absurdamente compleja y perversa, con frases alargadas hasta el infinito, oraciones impersonales, pasivas reflejas, gerundios y subjuntivos y, en fin, una manera de redactar que supondría sin duda un suspenso en cualquier examen en el que se pidiera claridad de la exposición.
Pero me temo que, justamente, quienes escriben de esa manera pretenden que lo que dicen no sea claro. Poseer un lenguaje propio da poder y autoestima: aleja a los demás, a quienes no forman parte del tinglado. El mundo de todos esos juristas y legisladores de lo confuso termina por ser arcano e inaccesible, un espacio dotado de un sistema de comunicación cuyas claves sólo conocen ellos y al que, por desgracia, los demás nos tenemos que someter casi a ciegas. Durante siglos, legisladores y juristas han construido así un castillo que les pertenece, manteniendo a la ciudadanía de a pie (antes súbditos) a distancia.
Quizá va siendo hora de que reflexionemos sobre la necesidad de acabar con esa manera de utilizar el lenguaje. Lo que digan las leyes, las normas, las sentencias o las solicitudes administrativas debe ser comprendido por todos, sin que la perversión del lenguaje permita a los expertos hacer quiebros que nos dejen indefensos. También ahí debemos empezar a exigir transparencia y a reclamar, por ejemplo, que una violación sea una violación, aunque a quienes redactan el Código Penal les moleste, no se sabe por qué, la palabra.