Me tiene espantada la historia de Romano van der Dussen. Ustedes la habrán oído: este hombre ha pasado doce años en prisión condenado por una violación y otras dos agresiones que no había cometido. Doce años no sólo de pérdida de libertad, sino de infierno: Romano ha sufrido palizas, celdas de aislamiento y otras muchas cosas que, imagino, jamás podrá contar.
Más que una equivocación es una vergüenza para la justicia española
Hemos conocido casos parecidos: supuestos violadores que han resultado exculpados años después gracias a una prueba de ADN. Pero el caso de Romano es aún más terrible: la prueba de ADN existía y demostraba que los restos de semen no eran suyos. Tampoco las huellas digitales. Sin embargo, los tres magistrados de la Audiencia de Málaga que le condenaron ni siquiera mencionan esa prueba en su sentencia. Se limitaron a considerarle culpable por el reconocimiento, no del todo firme, por parte de dos de las agredidas y una testigo. Imagino que influiría el hecho de que era un muchacho holandés que se ganaba la vida como podía en la Costa del Sol y que había sido detenido un par de veces por gamberradas.
En esta triste historia, todo parece haber sido mal hecho: la investigación policial, la instrucción, las torpezas de los abogados de oficio y, sobre todo, la actitud de los jueces. Ese tribunal que no quiso admitir por defecto de forma el testimonio de varias personas que afirmaban haber estado con él esa noche en otra localidad, y que además obviaron la existencia de un ADN que le exculpaba. También las instancias superiores, que de nuevo no le ampararon por razones de forma (¡dichosa forma!), y una burocracia judicial que olvidó en un cajón la reclamación de nuevas muestras de ADN a Gran Bretaña del auténtico violador. Sólo una persona, el abogado Silverio García Sierra, se dignó ayudarle y trabajó de manera gratuita durante cinco años hasta conseguir que el Tribunal Supremo ordenase su libertad, aunque aún quedan flecos pendientes.
¿Qué monstruo es ese que puede arrasar la vida de una persona inocente sin concederle amparo ni defensa? ¿Nadie, en todo ese entramado, se paró a ver a Romano como una persona y no como el número de un caso judicial, a pensar de que quizá se estaban haciendo las cosas mal? Nadie va a pagar las culpas por este inmenso error que es, más que una equivocación, una vergüenza para el sistema judicial español.