23/12/2007
Especial 2007
Clamor por la unidad contra ETA
Texto de Florencio Domínguez
ETA de nuevo. El sueño que se inició con la tregua del 2006 y se truncó a final de año con el atentado de Barajas se desvaneció definitivamente en el 2007 con el final explícito de la tregua a principios de junio y el asesinato de dos guardias civiles en Francia. El terrorismo ha marcado la agenda política y ha sido instrumento de enfrentamiento de primer orden, en un final de año en que muchos de los movimientos deben leerse en clave electoral.
La violencia también sigue siendo noticia de portada en el mundo, aunque algo está cambiando. La opción de la vía dura para resolver los grandes conflictos internacionales pierde peso frente a la alternativa del diálogo.
La violencia también sigue siendo noticia de portada en el mundo, aunque algo está cambiando. La opción de la vía dura para resolver los grandes conflictos internacionales pierde peso frente a la alternativa del diálogo.
Guardias civiles portan el féretro con el cuerpo de Fernando Trapero, asesinado en Francia por terroristas de ETA junto a su compañero Raúl Centeno
En los primeros meses del año, ETA jugó al equívoco. A pesar del atentado de Barajas que costó la vida a dos personas, pretendió hacer creer que la tregua seguía en vigor
EL SUEÑO ROTO
El terrorismo ha marcado de nuevo el año 2007, que se iniciaba con la conmoción del atentado contra la T4 de Barajas y concluía con el asesinato de dos guardias civiles en territorio francés. Y en medio, una prolongación de lo que ha sido la legislatura: el enfrentamiento entre Gobierno y oposición a cuenta de la negociación con la banda terrorista, que hizo oficial la ruptura de la tregua el 5 de junio. Pero a diferencia de años atrás, la eficacia policial pudo desbaratar los primeros atentados.
El año 2007 se inició con la conmoción causada por la explosión del coche bomba que el 30 de diciembre anterior había destruido el aparcamiento de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas llevándose por delante la vida de los ciudadanos ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate. Once meses más tarde, otro doble asesinato de ETA, el de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero, conmociona la vida política española. Cuatro asesinatos que ponían fin al espejismo de los que habían creído que el terrorismo etarra podía entrar en vías de solución a través del diálogo.
El atentado de Barajas impuso en el Gobierno una adecuación del lenguaje a la nueva situación de retorno del terrorismo. En algunos de los miembros del Ejecutivo, como la vicepresidenta o el ministro del Interior, el abandono del lenguaje del tiempo de tregua y su sustitución por un discurso de dureza fue instantáneo, aunque al presidente le costó más tiempo adaptarse y renunciar al registro que venía utilizando prácticamente desde que llegó al poder en el 2004. A fin de cuentas, era la persona que había abogado con más decisión y menos reservas por el diálogo con ETA desde el primer día. La paz a través del diálogo había sido su gran apuesta personal.
De todas formas, la explosión del coche bomba de Barajas no puso fin a los contactos entre el Gobierno y la banda terrorista, que se mantuvieron prácticamente hasta una semana antes de las elecciones municipales del 27 de mayo.
Los cinco primeros meses del año fueron un tiempo en el que ETA quiso jugar al equívoco: voló la T4 y mató a dos personas poniendo fin así, de hecho, a la tregua que había comenzado el 23 de marzo del 2006, pero al mismo tiempo pretendió hacer creer que la tregua seguía en vigor, eso sí, con amenazas de volver a perpetrar nuevos atentados en el momento en que lo considerase conveniente.
Esa fue la postura etarra durante cinco meses, cinco meses que fueron utilizados para mentalizar a la base social de la izquierda abertzale de la inevitabilidad de la vuelta a las armas. La banda había sacado una lección de la ruptura de la tregua de 1999, y era que los votantes de Batasuna no habían comprendido la reanudación de los atentados y que eso le había ocasionado un desgaste importante. Ahora quería evitar que se repitiera lo que había ocurrido siete años antes y para eso tanto ETA como su entorno político se dedicaron durante meses a realizar una pedagogía de la ruptura entre sus bases. El objetivo era hacer aparecer al Gobierno y al PNV, que había secundado al Ejecutivo de Zapatero, como los culpables, de forma que la vuelta a los atentados no acarreara coste ni para ETA ni para Batasuna.
La ruptura de la tregua –producida de manera real el 30 de diciembre del 2006 y mediante comunicado el 5 de junio siguiente– echó por tierra una de las esperanzas que tenía el Gobierno cuando aceptó entrar en un diálogo con la banda: que Batasuna se distanciara de ETA y rechazara el retorno de la violencia. Al margen de la actitud personal que pudieran mantener algunos dirigentes de Batasuna, lo cierto es que esta formación se comportó como siempre, fue incapaz de cuestionar el terrorismo y se dedicó a dar cobertura política y social a las decisiones de la banda.
Durante la tregua, Batasuna se había negado a aceptar los requerimientos del Gobierno para poder legalizarse, a pesar de que en algún momento de las conversaciones mantenidas con los socialistas parecía que estaba dispuesta a buscar una fórmula de acatamiento de las exigencias legales. ETA, sin embargo, no permitió a los dirigentes políticos de su entorno dar ese paso y planteó la legalización como un pulso con el Estado de forma que quiso obligar a las instituciones democráticas a anular la ley de Partidos antes de
que Batasuna se sometiera a sus exigencias. Ese pulso lo perdió
ETA y arrastró a la formación de Arnaldo Otegi a continuar supeditada a la banda y en la ilegalidad.
La proximidad de las elecciones municipales volvió a ocasionar un nuevo pulso al recurrir Batasuna a partidos filiales con los que pretendió concurrir en los comicios: uno de nueva creación, Abertzale Sozialisten Batasuna, que fue anulado directamente, y otro antiguo, Acción Nacionalista Vasca (ANV), siglas de un partido creado en los años treinta, pero que desde 1979 había sobrevivido a la sombra de Batasuna, sin personalidad propia. Este pulso se saldó con tablas: se anuló la mitad de las listas de ANV, pero se permitió la otra mitad.
La autorización parcial de las listas de ANV sirvió para reabrir un nuevo capítulo en el enfrentamiento del Gobierno con el Partido Popular que prolongó los desacuerdos mantenidos por ambos a lo largo de toda la legislatura acerca de la política antiterrorista. El PP se mantuvo en absoluto desacuerdo con la estrategia de negociación con la banda, que suponía el abandono del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo que los dos grandes partidos habían suscrito en diciembre del 2000. El PP se aferró a la defensa de la derrota de ETA al considerar que el pacto antiterrorista había tenido una gran eficacia contra la banda, mientras que el Ejecutivo, con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios, abogaba por el diálogo y eludía el concepto de derrota.
Las diferencias no se limitaron a los dos grandes partidos, sino que un sector importante de las víctimas del terrorismo, representado por la AVT, mantuvo en la calle una oposición activa a la política del Gobierno con movilizaciones permanentes secundadas por miles de personas.
En medio de este enfrentamiento político, la banda terrorista hizo público un comunicado el 5 de junio, apenas celebradas las elecciones municipales, en el que anunciaba el final de la tregua y la vuelta sistemática a los atentados. Terminaba la situación equívoca que los terroristas habían mantenido desde principios de año. La amenaza de la vuelta a los atentados, aunque no hizo desaparecer las diferencias entre el PSOE y el PP, sí que atemperó la manifestación de las discrepancias del primer partido de la oposición, aunque no así las de la AVT.
El recuerdo de lo ocurrido tras la ruptura de la tregua de 1999 hacía temer lo peor. Entonces ETA puso en marcha una sucesión de atentados mortales que, durante año y medio, dio la iniciativa a la banda terrorista. Solamente al cabo de ese tiempo la acción de las fuerzas de seguridad pudo frenar a ETA y le obligó a situarse a la defensiva antes de sumirle de nuevo en la crisis.
El terrorismo ha marcado de nuevo el año 2007, que se iniciaba con la conmoción del atentado contra la T4 de Barajas y concluía con el asesinato de dos guardias civiles en territorio francés. Y en medio, una prolongación de lo que ha sido la legislatura: el enfrentamiento entre Gobierno y oposición a cuenta de la negociación con la banda terrorista, que hizo oficial la ruptura de la tregua el 5 de junio. Pero a diferencia de años atrás, la eficacia policial pudo desbaratar los primeros atentados.
El año 2007 se inició con la conmoción causada por la explosión del coche bomba que el 30 de diciembre anterior había destruido el aparcamiento de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas llevándose por delante la vida de los ciudadanos ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate. Once meses más tarde, otro doble asesinato de ETA, el de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero, conmociona la vida política española. Cuatro asesinatos que ponían fin al espejismo de los que habían creído que el terrorismo etarra podía entrar en vías de solución a través del diálogo.
El atentado de Barajas impuso en el Gobierno una adecuación del lenguaje a la nueva situación de retorno del terrorismo. En algunos de los miembros del Ejecutivo, como la vicepresidenta o el ministro del Interior, el abandono del lenguaje del tiempo de tregua y su sustitución por un discurso de dureza fue instantáneo, aunque al presidente le costó más tiempo adaptarse y renunciar al registro que venía utilizando prácticamente desde que llegó al poder en el 2004. A fin de cuentas, era la persona que había abogado con más decisión y menos reservas por el diálogo con ETA desde el primer día. La paz a través del diálogo había sido su gran apuesta personal.
De todas formas, la explosión del coche bomba de Barajas no puso fin a los contactos entre el Gobierno y la banda terrorista, que se mantuvieron prácticamente hasta una semana antes de las elecciones municipales del 27 de mayo.
Los cinco primeros meses del año fueron un tiempo en el que ETA quiso jugar al equívoco: voló la T4 y mató a dos personas poniendo fin así, de hecho, a la tregua que había comenzado el 23 de marzo del 2006, pero al mismo tiempo pretendió hacer creer que la tregua seguía en vigor, eso sí, con amenazas de volver a perpetrar nuevos atentados en el momento en que lo considerase conveniente.
Esa fue la postura etarra durante cinco meses, cinco meses que fueron utilizados para mentalizar a la base social de la izquierda abertzale de la inevitabilidad de la vuelta a las armas. La banda había sacado una lección de la ruptura de la tregua de 1999, y era que los votantes de Batasuna no habían comprendido la reanudación de los atentados y que eso le había ocasionado un desgaste importante. Ahora quería evitar que se repitiera lo que había ocurrido siete años antes y para eso tanto ETA como su entorno político se dedicaron durante meses a realizar una pedagogía de la ruptura entre sus bases. El objetivo era hacer aparecer al Gobierno y al PNV, que había secundado al Ejecutivo de Zapatero, como los culpables, de forma que la vuelta a los atentados no acarreara coste ni para ETA ni para Batasuna.
La ruptura de la tregua –producida de manera real el 30 de diciembre del 2006 y mediante comunicado el 5 de junio siguiente– echó por tierra una de las esperanzas que tenía el Gobierno cuando aceptó entrar en un diálogo con la banda: que Batasuna se distanciara de ETA y rechazara el retorno de la violencia. Al margen de la actitud personal que pudieran mantener algunos dirigentes de Batasuna, lo cierto es que esta formación se comportó como siempre, fue incapaz de cuestionar el terrorismo y se dedicó a dar cobertura política y social a las decisiones de la banda.
Durante la tregua, Batasuna se había negado a aceptar los requerimientos del Gobierno para poder legalizarse, a pesar de que en algún momento de las conversaciones mantenidas con los socialistas parecía que estaba dispuesta a buscar una fórmula de acatamiento de las exigencias legales. ETA, sin embargo, no permitió a los dirigentes políticos de su entorno dar ese paso y planteó la legalización como un pulso con el Estado de forma que quiso obligar a las instituciones democráticas a anular la ley de Partidos antes de
que Batasuna se sometiera a sus exigencias. Ese pulso lo perdió
ETA y arrastró a la formación de Arnaldo Otegi a continuar supeditada a la banda y en la ilegalidad.
La proximidad de las elecciones municipales volvió a ocasionar un nuevo pulso al recurrir Batasuna a partidos filiales con los que pretendió concurrir en los comicios: uno de nueva creación, Abertzale Sozialisten Batasuna, que fue anulado directamente, y otro antiguo, Acción Nacionalista Vasca (ANV), siglas de un partido creado en los años treinta, pero que desde 1979 había sobrevivido a la sombra de Batasuna, sin personalidad propia. Este pulso se saldó con tablas: se anuló la mitad de las listas de ANV, pero se permitió la otra mitad.
La autorización parcial de las listas de ANV sirvió para reabrir un nuevo capítulo en el enfrentamiento del Gobierno con el Partido Popular que prolongó los desacuerdos mantenidos por ambos a lo largo de toda la legislatura acerca de la política antiterrorista. El PP se mantuvo en absoluto desacuerdo con la estrategia de negociación con la banda, que suponía el abandono del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo que los dos grandes partidos habían suscrito en diciembre del 2000. El PP se aferró a la defensa de la derrota de ETA al considerar que el pacto antiterrorista había tenido una gran eficacia contra la banda, mientras que el Ejecutivo, con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios, abogaba por el diálogo y eludía el concepto de derrota.
Las diferencias no se limitaron a los dos grandes partidos, sino que un sector importante de las víctimas del terrorismo, representado por la AVT, mantuvo en la calle una oposición activa a la política del Gobierno con movilizaciones permanentes secundadas por miles de personas.
En medio de este enfrentamiento político, la banda terrorista hizo público un comunicado el 5 de junio, apenas celebradas las elecciones municipales, en el que anunciaba el final de la tregua y la vuelta sistemática a los atentados. Terminaba la situación equívoca que los terroristas habían mantenido desde principios de año. La amenaza de la vuelta a los atentados, aunque no hizo desaparecer las diferencias entre el PSOE y el PP, sí que atemperó la manifestación de las discrepancias del primer partido de la oposición, aunque no así las de la AVT.
El recuerdo de lo ocurrido tras la ruptura de la tregua de 1999 hacía temer lo peor. Entonces ETA puso en marcha una sucesión de atentados mortales que, durante año y medio, dio la iniciativa a la banda terrorista. Solamente al cabo de ese tiempo la acción de las fuerzas de seguridad pudo frenar a ETA y le obligó a situarse a la defensiva antes de sumirle de nuevo en la crisis.
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