Una escuela para todos

Pese a las gafas de lentes gruesos, la mirada de Carlos es vivaracha, centellea cuando entra en el aula de P4 del colegio Jesús María de Sant Andreu en Barcelona. Echa una ojeada a todos lados rápidamente, como si no quisiera perderse ningún detalle. Luego se desabrocha y se quita la chaqueta y la cuelga en el perchero correspondiente. A la hora del patio, Carlos coge su bocadillo y desenvuelve el papel de aluminio protector. Son hábitos que ya han aprendido con facilidad los niños de cinco años. En el caso de Carlos, afectado de un trastorno general del desarrollo (TDG), ha sido un reto superado con mucho esfuerzo y gracias a que asiste a una escuela ordinaria junto a los otros niños sin discapacidad. Es uno más de clase, aunque sea distinto. Un ejemplo de que la inclusión escolar da sus frutos, aunque sea poco a poco.

Y, sin embargo, la inclusión escolar es uno de los retos pendientes del sistema educativo español. Las atenciones a los alumnos con necesidades educativas especiales, y sobre todo a los discapacitados, dependen en buena medida de la voluntad de los centros docentes, del volumen de recursos que destina cada comunidad autónoma, de la presión inagotable que ejerzan padres y profesores para poder contar con ayudantes y materiales adecuados, y del soporte externo que brindan escuelas especializadas. Porque la alternativa a la inclusión es la segregación, y ese concepto va en contra de la Constitución, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de las convenciones aprobadas por la Unesco. Y aunque las leyes vigentes beben de estos principios y amparan la inclusión escolar, el apoyo a este colectivo permanece al margen de los debates previos a la aprobación de nuevas ordenanzas educativas, como ocurre actualmente en la comunidad catalana. La inclusión de los niños y las niñas con discapacidades visuales y auditivas es prácticamente plena, pero sigue siendo deficiente en las otras minusvalías.