Sin miedo a lo que venga

Claves para el futuro de un sistema que necesitará ayuda

Texto de Eugenio Recio
Profesor honorario del departamento de Economía de Esade

La confluencia de distintos factores parece amenazar la supervivencia en los próximos años de lo que normalmente se llama el Estado de bienestar (EB). En los planes de ajuste para el saneamiento financiero de algunos países europeos, entre otras cosas, se reforman y congelan las pensiones, se suprimen empleos públicos y se recortan sus sueldos, se restringen las condiciones para el seguro de desempleo y se insiste en la moderación salarial. De una forma, más o menos encubierta, se reducen los gastos sociales y, como dijo recientemente el ministro de Economía británico, se implanta la mayor reforma del Estado de bienestar de su historia.

Uno de los factores determinantes de esta situación es la crisis financiera que, en sus orígenes más remotos, empezó por lo que pretendía ser una medida social, al facilitar algunos bancos norteamericanos unas hipotecas, las famosas subprime, para que pudieran comprar una vivienda los que por sus circunstancias personales carecían de medios para ello. Después vino toda la industria financiera con los artilugios que intoxicaron casi todo el sistema financiero mundial, sin que en ello tuvieran arte ni parte los grupos sociales directamente afectados por la mayoría de
las medidas estabilizadoras de las finanzas públicas.

A ello hay que añadir un segundo factor, debido a las repercusiones del desenfreno financiero en la economía real. Pues, para superar esta nueva crisis, los estados recurrieron a elevados estímulos monetarios que agravaron los desajustes presupuestarios, que se tratan de corregir con los recortes en las prestaciones sociales recordados.

Y por si esto fuera poco, y al margen de las crisis mencionadas, están apareciendo en el entorno económico global los llamados países emergentes, que ofrecen productos muy competitivos en el mercado mundial porque, entre otras cosas, pagan salarios muy bajos a sus trabajadores y, apenas tienen otros costes laborales adicionales, por el bajo nivel de protección social para el que tienen que cotizar empresarios y trabajadores.

Por una parte, las desviaciones en el funcionamiento del sistema financiero internacional, con sus reflejos en la política fiscal de los estados y las medidas necesarias para recuperar el orden que permita un desarrollo económico sostenible y, por otra parte, las nuevas condiciones para poder competir en el mercado global con los productos de las economías emergentes, son los factores que resumidamente explican esos recortes que está sufriendo la protección social en los países y los que pueden permitir hacer proyecciones sobre lo que podrá ser el Estado de bienestar en la sociedad europea durante los próximos años.

Afortunadamente, algunos europeos vivieron ya problemas parecidos hace algún tiempo y diseñaron un modelo de organización económica, social y política que permitiera atender a los que involuntariamente sufran situaciones de precariedad sin llegar a excesos que hicieran peligrar el bienestar colectivo. Es el modelo que el tratado de Lisboa (TL) ha establecido para la Unión Europea y que se define como economía social de mercado, el cual, por tratar de equilibrar disciplinadamente los intereses de los diversos grupos de una sociedad, resulta más laborioso de entender y poner en práctica en su integridad que las formas vigentes del capitalismo liberal con su impreciso Estado de bienestar. En lugar de descargar toda la responsabilidad del bienestar de los ciudadanos en el Estado, este sistema trata de que cada ciudadano tenga los medios necesarios para responsabilizarse de su propio bienestar.

Para ello, ha de participar libremente en un mercado, ajeno a la especulación financiera y competitivo, debidamente estructurado por el Estado para que a nadie se le impida que pueda disfrutar de su aportación al bien común. Y en esa aportación se incluye también una contribución solidaria para que puedan ser atendidos, en un marco regulado, los que involuntariamente, de un modo temporal o permanente, no puedan participar en ese mecanismo del intercambio de rendimiento personal y resultado colectivo.

Una organización económico-social de este tipo permitirá participar con éxito en el mercado de la competencia global y no supondrá para las finanzas públicas una carga que desequilibre la estabilidad necesaria para un crecimiento sostenible del que puedan disfrutar, en una proporción equitativa, todos los ciudadanos. Sólo queda que los que formamos parte del proyecto europeo nos interesemos por conocer en profundidad y poner en práctica el modelo que aceptamos al firmar el tratado de Lisboa.